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El lucro político de los feminicidios en Juárez

Foto: globedia.com

Guadalupe Lizárraga

Los organismos civiles han llamado la atención del gobernador de Chihuahua, César Duarte, específicamente por su ligereza verbal con la que denuncia que estos“lucran atacando al gobierno”. Lo dijo en el contexto de la inauguración de un nuevo centro de justicia.

Lo que llama la atención es que el gobernador sea refutado en tan breve tiempo por los prestigiados organismos de derechos humanos regionales y nacionales que tuvieron hábilmente la capacidad para redactar y suscribir una carta pública, y exigir –con inmediatez mediática– el respeto por su trabajo y su honor.

Llama la atención, precisamente porque esta misma actitud y capacidad que ahora muestran es la que se requiere con urgencia en la solidaridad con las madres y víctimas de Juárez, quienes son directamente las afectadas y son quienes menos importan en la cadena de los prestigios reclamados.

Ninguno de los organismos civiles invitó al Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas ni a Nuestras Hijas de Regreso a Casa, AC, a firmar el desplegado. Ambos grupos están integrados por madres de desaparecidas o de víctimas de feminicidios que cargan solas su dolor y son constantemente discriminadas, amenazadas de muerte e ignoradas por las autoridades y hasta humilladas por los funcionarios públicos. Evidencias y registros hay de todo ello, y la mayoría se ha publicado puntualmente en Los Ángeles Press, y en varios medios de España, como El Digital de Madrid y el Diario de Alcalá.

El Comité de Madres viene trabajando regularmente desde 2010 en las investigaciones de sus propias hijas y con sus propios recursos. Han expuesto sus vidas y agotados sus fuerzas, como lo ha hecho también Nuestra Hijas de Regreso a Casa, AC.

Gracias al valor de los integrantes del Comité de Madres, esta periodista inició una investigación titulada “Mujeres guardadas en la morgue”, integrada por una serie de reportajes que han sido publicados periódicamente a partir del 29 de noviembre de 2011.

Adriana Sarmiento

Por esta investigación, las madres fueron amenazadas de muerte por “filtrar información a la prensa extranjera”. Nosotros, los periodistas, también. Pero el impacto social de esta investigación se tradujo en obligar a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a entregar los cuerpos que nosotros denunciábamos como retenidos en la morgue, como fue el cuerpo de Adriana Sarmiento, secuestrada a los 15 años de edad, el 18 de enero de 2008 y asesinada tres días después.

La historia de Adriana es la historia de cientos de niñas, con las mismas características y las mismas circunstancias. Esta investigación no ha terminado, y con cada reportaje hemos hecho denuncias muy precisas de lo que está pasando en torno a estos crímenes, que en otro país, los organismos de derechos humanos hubiesen obligado a renunciar a los funcionarios involucrados en la corrupción de las investigaciones.

Se trata de una masacre de 153 jovencitas, hasta ahora, que sus cuerpos han sido guardados en la morgue por años. Independientemente de las razones por las que el gobierno decidió retener los cuerpos, se trata de un genocidio que ha sido tolerado por todos. Se trata de un dolor colectivo, el de las madres y el de las víctimas, que no han tenido un ápice de justicia ni la solidaridad franca y plena de los organismos que hoy se sienten ofendidos por las palabras del gobernador.

Con la misma acción estratégica que han logrado con eficacia para cerrar filas entorno la testarudez verbal de César Duarte podrían haber impulsado una enérgica indignación pública por los tres años que lleva desaparecida Mónica Janet Alanís Esparza, alumna de la UACJ, y de cada una de las secuestradas. Podrían haber impulsado un pronunciamiento público para condenar la masacre de 153 jóvenes en esa ciudad. Tan sólo el número es espeluznante. Una flagrante violación de derechos humanos. No hay nada inventado. Todo es real. Los hechos están ahí, las osamentas están dentro de la morgue aún sin ser completamente identificadas, y sin esperanza de que puedan ser entregadas a sus familias en el menor tiempo posible.

El gobierno de Chihuahua, con cada entrega de osamentas, lucra políticamente, porque simula que está “encontrando” a quienes no estuvieron desaparecidas, sino que fueron secuestradas, y después, como si fueran cualquier cosa, las entrega en huesos incompletos a sus padres. La prensa alineada, las fotografías impresionantes, las declaraciones ad hoc, las lamentaciones públicas como contexto para los medios. Una parafernalia ya muy frecuentada en estos 20 años de asesinatos.

Foto: Comité de Madres

Pero no está demás que nos remuerda la conciencia al recordar que estas niñas fueron violadas. Fueron torturadas. Fueron drogadas. Fueron arrancadas de su hogar y de su familia para ser usadas sexualmente, golpeadas con brutalidad, mutiladas, hasta extinguirles lentamente la vida. Niñas que a los tres días de su secuestro ya estaban muertas porque no aguantaron la barbarie de su maltrato; otras, más fuertes, llegaron a durar algunos meses.

La indiferencia o la ignorancia ante este exterminio de Ciudad Juárez y Valle de Juárez ya suficientemente acreditado por los hechos es algo que nadie debería osar, nadie con sensatez y moral como podría esperarse de los organismos de derechos humanos y de autoridades. Lo que está en juego a saber es la justicia. Y ante ello, nadie habla de los responsables, ni de militares asesinos, ni policías locales y federales involucrados en estas masacres. Tampoco hay investigaciones que sigan la línea de los funcionarios públicos que han participado directa e indirectamente en la comisión de estos delitos, ni de las bandas locales que pagan cuotas de piso a funcionarios. La línea de la responsabilidad ha sido completamente ignorada, como las madres de las víctimas y como las mismas víctimas. Y en esta acostumbrada impunidad, como decía la filósofa política Hanna Arendt, “si todos somos culpables, nadie es culpable”. Por eso se necesitan nombres y apellidos, y los primeros que debemos de dar son los de los funcionarios involucrados en la misma fiscalía.

Cualquiera que niegue la verdad sobre estos crímenes, está condenando a la sociedad a no poder prescindir de la violencia. Y en semejante inframundo, los derechos humanos no salen muy reforzados que digamos. Aquí, entran los derechos humanos de quienes todavía necesitan de las organizaciones solidarias: las madres.

Hasta ahora ninguna organización ha dado la ayuda que necesitan las madres de estas víctimas. A los dos días de haber publicado la primera denuncia en Los Ángeles Press, nuestro reportaje fue copiado y alterado por reporteros de La Jornada y de El Diario de Juárez. En su momento, se denunció el hecho. Pero más allá de copy & paste de los periodistas con códigos éticos más flexibles, ningún medio se interesó en saber qué pasaba con las madres realmente. Fuera de la nota alarmante del momento, ellas no importaron. Cómo vivían la impunidad de los asesinatos no ha sido relevante, ni las penurias que algunas madres están viviendo porque han sido amenazadas y atacadas con violencia. Expulsadas de la ciudad, de sus hogares o reducidas a vivir en silencio su dolor conteniéndolo en un cáncer.

Tampoco ha habido un organismo de derechos humanos dispuesto a ofrecerles un poco de respaldo moral ni a paliar su escasez económica, pese a que tienen pleno conocimiento de que las víctimas, casi en su totalidad, están en condiciones muy precarias económicamente.

Norma Andrade, agredida en Juárez y en el DF

Las madres siguen necesitando ayuda. Y no solamente para enterrar a sus hijas. Requieren apoyo psicológico profesional, no el que provee el gobierno. Ellas necesitan enfrentar seriamente el duelo. Requieren apoyo económico, porque dejaron de ser productivas en el mercado laboral para dedicarse a hacer lo que no ha hecho el gobierno: buscar a sus hijas. Pero también requieren respeto y solidaridad: merecen inclusión en la comunidad de defensores de derechos humanos, porque ellas han sido las principales defensoras del derecho a la memoria de sus hijas. Por ellas sabemos sus nombres y conocemos sus rostros. Por ellas, sus hijas no se han quedado en la completa oscuridad.

La existencia de estos 153 cuerpos de jovencitas que fueron asesinadas, tiradas en una alguna fosa o enterradas en el desierto y luego recuperadas y retenidas en la morgue, merecen una mejor actitud de los vivos que no hemos sabido proveer dignidad a sus cortas vidas. Estas hijas de Juárez merecen una acción estratégica de la sociedad para lograr justicia a su memoria.

El gobierno de Chihuahua por supuesto que también lucra con estos crímenes, y lo hace políticamente. Incrementa su presupuesto cada año con ayudas federales para “combatir” la inseguridad. Crea infraestructura, burocracia, engorda al estado con dependencias fiscales supuestamente especializadas en la perspectiva de género. Se entiende, viniendo de donde viene. Pero lo que no se entiende es la postura de los organismos civiles. ¿Cómo pueden ofenderse más por cuatro o cinco palabras de un mal gobierno que la masacre de 153 niñas? ¿Quién las mató? ¿Para quién trabajan los criminales? ¿Quién se estña beneficiando de todas estas muertes?

¿Por qué el gobierno decidió guardar tanto tiempo los cuerpos? ¿Por qué los organismos civiles han tolerado en silencio estas graves violaciones de derechos humanos? ¿Por qué no hay una denuncia ante un tribunal internacional de este genocidio? ¿Qué cuentas les damos a sus madres?

Indudablemente, hay mucho qué hacer todavía. Si dimensionamos los hechos con su peso real, estamos en medio de la herida abierta de una masacre. No es el pasado ni es historia. Está sucediendo ahora.

Y a los organismos de derechos humanos que se sienten ofendidos por unas palabras tan poco inteligentes de una autoridad, hay que recordarles que la crítica del uno, no redime la del otro.

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