Cuando el oficio de periodista suplanta la fiscalía

Miguel Ángel Beltrán Villegas

PrensaRural.- La semana pasada, en México, el movimiento interuniversitario #YoSoy132, y otras organizaciones sociales, adelantaron un mitin pacífico alrededor de la sede de Televisa Chapultepec en rechazo a lo que consideran “la manipulación mediática que la cadena realiza cotidianamente y en especial en el pasado proceso electoral y por el papel que ha jugado dicha empresa por la imposición del candidato Enrique Peña Nieto”.

En su pronunciamiento, los organizadores del movimiento hicieron un recuento de las históricas alianzas del PRI con la televisora, al tiempo que señalaron cómo esta empresa de televisión es “la cara más visible de la oligarquía que gobierna este país; de poderes fácticos que imponen y quitan gobernantes, y producen y difunden de manera manipulada la información” (La Jornada 26 de julio 2012).

Colombia: ¿Periodistas o Tribunales de la Inquisición?

No es difícil establecer las analogías de Televisa con el papel que han cumplido en Colombia medios informativos como El Tiempo, Caracol y RCN; baste analizar el reciente manejo que se dio a las protestas en el departamento del Cauca, cuyo objetivo -como lo advirtiera claramente la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) en una carta dirigida al máximo jefe de las FARC- no es declararle la guerra ni a la guerrilla ni al Estado, “Por eso nuestra Minga se hace cuidando siempre a la comunidad, y cuidándonos siempre de no darle ventaja militar a ninguno de los actores armados como ordena el Derecho Internacional Humanitario. No vamos a agredir a nadie, pero utilizaremos la fuerza de nuestra comunidad reunida, de nuestra palabra y de nuestros derechos para recuperar nuestros territorios” (ACIN, julio 16 de 2012). No obstante, estas reiteradas declaraciones, la atención de los medios oficiales de comunicación se centró en destacar lo que calificaron como “violencia indígena contra el ejército”.

Cuando en el ejercicio constitucional de la libertad de opinión se presentan perspectivas críticas, como las expresadas por la senadora Piedad Córdoba en Miranda (Cauca), donde denuncia la instalación de bases militares del ejército, la siembra de minas quiebrapatas, y los costos económicos y humanos de esta guerra, inmediatamente viene el señalamiento y la estigmatización, ya no digamos de funcionarios como el procurador general o el Ministro de Defensa cuya labor inquisitorial esta puesta fuera de duda, sino de periodistas que se autoproclaman “independientes” pero que han convertido sus columnas en verdaderos espacios para adelantar una “santa cruzada” contra aquellos que se atreven a pensar diferente.

Periodistas como Salud Hernández, cumplen cabalmente ese papel. No es la única por supuesto, pero sí una de las puntas de lanza. Su tarea es traducir al lenguaje periodístico los escritos acusatorios de la Fiscalía (particularmente los formulados por la unidad antiterrorismo) o, peor aún, hacer eco de información ficticia sobre investigaciones judiciales actuales con base en información recaudada por los servicios de inteligencia que, en Colombia, ya sabemos cómo actúan a la hora de armar los “montajes judiciales” o los mal llamados “falsos positivos”.

A propósito de La Marcha Patriótica y la Unión Patriótica: Un poco de historia

En su reciente artículo titulado “Teodora y sus amigos”, la mencionada columnista arremete contra la “Marcha Patriótica” según ella “Financiada e impulsada por las FARC”. Agrega además que el Frente 27, de esta organización “pagó bus, alimentación y dormida de los campesinos que reclutaron de las veredas de Vistahermosa (Meta) y Santo Domingo, que ellos controlan” (El Tiempo Julio 29 de 2012). Una acusación que en nada se aparta de los argumentos que desde los tiempos de la “guerra Fría” ha utilizado el stablishment colombiano para perseguir y aniquilar la oposición política y social en el país.

En la época de la violencia bipartidista, los gobiernos conservadores acusaban a las directivas del partido liberal de apoyar y respaldar a Eliseo Velásquez, en ese momento máximo jefe de las guerrillas del Llano, cuando abogaban “por una política de paz y concordia para el país”. Luego que liberales y conservadores limaron sus diferencias y se aliaron en el pacto del Frente Nacional (1957), los promotores de este acuerdo bipartidista señalaron al disidente Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) de estar infiltrado por la guerrilla, al contar en sus filas con excombatientes como Juan de la Cruz Varela, Rafael Rangel, entre otros. Lo mismo se dijo en su momento del movimiento Unión Patriótica (UP), sobre el cual, cabe aclarar, que en sus orígenes constituyó una propuesta política amplia producto de los acuerdos de “Cese al Fuego, Tregua y Paz” firmados en 1984 por el gobierno del presidente Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC. Esta última retornó a la lucha armada, luego que el presidente Virgilio Barco (1986-1990) declarara rota la tregua. Las reformas económicas, políticas y sociales con las cuales se comprometió el gobierno jamás se hicieron efectivas y, en cambio, si fueron asesinados más de cinco mil integrantes, entre candidatos presidenciales, parlamentarios, concejales, alcaldes y militantes de base.

Muchas de las muertes de los integrantes de la Unión Patriótica se justificaron argumentando su supuesto “proselitismo armado”. Una expresión que se escuchó por primera vez en Puerto Boyacá, en labios del político liberal Pablo Emilio Guarín, uno de los responsables de la desaparición forzada de los líderes populares Miguel Ángel Díaz y Faustino López y cuyo busto construido en esta población es un verdadero monumento al “Terrorismo de Estado”.

Para nadie es un secreto que fue precisamente en esa región donde se inició el “Plan Piloto” del paramilitarismo –con la activa participación de las FF.AA. así como mercenarios israelitas y británicos- experimento que pronto se extendió a otras regiones del país. Numerosas páginas editoriales hicieron ecos de estas afirmaciones mientras silenciaron, ese sí proselitismo armado, que adelantaron sectores políticos nacionales y regionales, gremios de la producción, terratenientes, núcleos de narcotraficantes a través de los grupos paramilitares. Veinticinco años después, todavía está por evaluarse la contribución de los medios de comunicación en la ambientación del clima político que hizo posible el genocidio de la Unión Patriótica.

A quienes ven en la “Marcha Patriótica” la infiltración de la guerrilla y orientan sus baterías contra esta nueva organización que ha asumido su compromiso con una salida política al conflicto armado y social, vale la pena recordar las reflexiones del periodista Enrique Santos, hace ya un cuarto de siglo en su columna “Contraescape” cuando refiriéndose a la naciente Unión Patriótica escribía: “Sería grave que los seguidores de la Unión Patriótica comenzaran a ser perseguidos o asesinados. Si tal situación se generaliza, no cabría duda de que existe una provocación en grande escala contra la paz. Significaría la prueba última –palmaria y definitiva- de que poderosas y bien armadas fuerzas están dispuestas a impedir a cualquier precio que la política de pacificación tenga éxito alguno. No dejar que la experiencia de la UP se desarrolle, agredirla y hostilizarla, sería darles toda la razón al M-19 y demás grupos armados que han renunciado a la paz, o que nunca creyeron en ella” (El Tiempo, 14 de julio de 1985)

De los estrados Judiciales a la Prensa Oficialista

El Código de Ética de la Sociedad de Periodistas Profesionales señala como uno de los deberes del periodista buscar la verdad y ofrecer “un recuento justo y completo de hechos y temas” y especifica como parte de sus labores “Comprobar la exactitud de la información de todas las fuentes y cuidarse del error. La distorsión deliberada es inadmisible; buscar activamente a los protagonistas de la noticia para darles la oportunidad de responder a alegaciones de conducta impropia; identificar sus fuentes siempre que sea factible. El público tiene derecho a toda la información posible sobre la confiabilidad de las fuentes”.

Pedir a Salud Hernández que sus columnas se ajusten a estos cánones, es pedirle peras al olmo. Su trayectoria periodística no admite otro camino: sus relaciones con el jefe paramilitar Carlos Castaño (El Espectador septiembre 14 de 2011), así como sus aliados en la Fiscalía, le dan la confianza necesaria para afirmar con arrogancia que no piensa rectificar una coma. Seguramente cree que al identificarse con las políticas oficiales (y recordemos que el paramilitarismo ha sido una política oficial) no viola ningún código de ética, no digamos al desconocer la “presunción de inocencia” –consagrado constitucionalmente- sino al irse en contra de decisiones judiciales producto de largos juicios donde en contadas ocasiones priman las garantías procesales para los imputados.

Los temerarios señalamientos que hace la periodista contra el sindicalista de Fensuagro Efraín Mendoza y el sobreviviente al genocidio de la Unión Patriótica Ricardo Toscano, absueltos por un juez de la República -tras evaluar los testimonios del Ente acusatorio y la defensa técnica, y analizar las evidencias físicas y elementos materiales- es una prueba más que la Fiscalía pretende posicionar en la opinión pública lo que no ha podido demostrar en los estrados judiciales. Y para ello recurre a la pluma de periodistas que –pagos o no por el gobierno- su propósito es difundir y promocionar la política contrainsurgente que hace más de medio siglo viene aplicando el Estado Colombiano contra la oposición y el movimiento social.

Los medios de Comunicación deben rectificar una vez queden en firme las decisiones de jueces y fiscales. La ética periodística no es un asunto discrecional, recordemos que a finales del 2006 varios periodistas del Nuevo Herald -el diario español de mayor circulación en el estado de Florida- fueron despedidos luego que se comprobara que recibían dineros del Gobierno Federal por respaldar su política en contra de Cuba. ¿Dónde están en Colombia los organismos encargados de regular la actividad periodística cuando hay claras faltas a la ética profesional?

Los estrechos vínculos de los medios de comunicación con los poderes económicos y políticos hacen prácticamente imposible este cometido, más aún cuando se trata de una clase gobernante que estigmatiza a las víctimas y construye bustos a los victimarios; que deja en la impunidad a los falsos testigos e investiga a los jueces que obran en derecho; en fin, que aplaude a los que desde sus columnas periodísticas vulneran los derechos constitucionales y judicializa a quienes expresan un pensamiento crítico.

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