Comisión analizará usufructo a Portuaria Quetzal

Hoy se prevé reanudar las labores de carga y descarga en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), luego del acuerdo de seis puntos firmado anoche por el Gobierno y los tres sindicatos, que durante tres días paralizaron la Portuaria en rechazo al usufructo para una terminal de contenedores, contrato que quedó en suspenso de manera temporal.

 

Prensa Libre Guatemala.- En el punto 4 del acuerdo las partes se comprometen a formar una comisión, que el próximo lunes comenzará la revisión del contrato, suscrito el 11 de julio último con la facilitación del viceministro de Marina, José Lemus.

La comisión “revisará y hará las conclusiones sobre los aspectos técnicos, financieros y legales del usufructo. Si como consecuencia de las conclusiones a que llegue la comisión se determina que el contrato de usufructo es ilegal o lesivo para los intereses del Estado, la EPQ deberá rescindirlo inmediatamente”, reza el texto.

En el documento se establece que quedan sin efecto jurídico y legal las actividades derivadas del contrato de usufructo donde la EPQ cede un terreno de 348 mil 171 metros cuadrados a Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), subsidiaria de Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), para la construcción de una terminal portuaria y el manejo de su carga.

Satisfacción

Aunque el documento debe ser refrendado por el presidente Otto Pérez Molina, los trabajadores celebraron con aplausos y cohetillos, ya que este también deja sin efecto cualquier tipo de sanción administrativa contra los trabajadores que permanecieron en asamblea permanente desde el miércoles último.

Según el dirigente sindical Lázaro Reyes, el acuerdo permitirá revisar en detalle el usufructo, cuya anulación han exigido. Insistió en que el mandatario reconoció que el sector laboral no fue tomado en cuenta en la discusión del contrato previo a la firma con TCQ.

El interventor de la EPQ, Allan Marroquín, afirmó que el usufructo quedó suspendido y que la comisión analizará los términos financieros, de operatividad y legales.

“Esto se hace para que quede bien claro que no se hizo nada bajo la mesa. Es un acto de buena fe de parte del Gobierno para demostrar que no hay nada de ilegal”, explicó.

Antes de la firma del acuerdo se vivió un día tenso y de fallidos intentos del Gobierno —que tenía el control del puerto desde la noche del jueves último—, por reanudar operaciones.

Sin embargo, la pretensión fracasó porque los trabajadores se negaron incluso a firmar documentos para permitir la salida de camiones que estaban cargados.

En otro momento, los trabajadores intentaron bloquear de nuevo las puertas de acceso, pero fueron advertidos por las fuerzas de seguridad de que serían desalojados.

Buques se fueron

Por cada día que no opera la EPQ las pérdidas son de unos US$10 millones —Q78.5 millones—. Desde el miércoles último, cuatro buques no ingresaron a cargar y descargar a la EPQ y cancelaron su ingreso.

Como alternativa, el puerto de Acajutla, El Salvador, y Buenaventura, Colombia, se habían convertido ayer en el destino de algunos buques cargados con contenedores que venían a la EPQ.

Un barco con 150 contenedores fue desviado al puerto de Acajutla, y otro con 250 contenedores, a Buenaventura, dijo Luis Rolando Coronado, presidente de la Asociación de Navieros.

Según Coronado, la decisión se tomó porque en la EPQ no se ofrecen garantías para el arribo y salida de los buques.

“Los barcos no tienen las garantías necesarias para el atraque y operación en la Portuaria y arribarán hasta que se restablezcan las condiciones”, sostuvo.

Otra de las razones, explicó, es que no se puede poner en riesgo a las tripulaciones.

Los buques transportan mercadería diversa, materia prima, equipos y maquinaria, entre otros bienes, refirió el presidente de Asonav.

Expresó que las naves viajaban desde países asiáticos y la costa oeste de EE. UU.

Confirmación

Salvador Maya, gerente del departamento de Operaciones del puerto de Acajutla, confirmó vía telefónica, que un buque solicitó arribar para descargar 200 contenedores con carga general.

Expuso que otro barco salió de ese puerto ayer en la tarde hacia Guatemala porque tenía el compromiso de entregar las mercancías.

Guillermo Rodríguez Mahuad, directivo de la Cámara de Comercio de Guatemala, indicó que algunas empresas analizaban trasladar sus mercancías hacia El Salvador, tanto para la importación como para la exportación.

“Hay productos perecederos que necesitan movilizarse y llegar al mercado, o si no habrá una pérdida total”, afirmó el directivo.

Dijo que ese traslado representaría costos adicionales de entre US$800 —Q6 mil 280— hasta US$1 mil 200 —Q9 mil 420— por el transporte terrestre.

Acuerdos

La EPQ suspende las acciones  administrativas, legales y laborales derivadas de la asamblea sindical.

La EPQ suspende los efectos jurídicos y legales y las actividades derivadas del contrato de usufructo firmado el 11 de julio del 2012.

Los trabajadores  reanudan operaciones portuarias.

Ambas partes integran una comisión para revisar y hacer las conclusiones del usufructo.

Las partes no tomarán represalias entre ellas.

El mandatario refrendará el acuerdo.

Solución con diálogo

“Creo que el señor presidente ha comprendido que en este país las cosas se resuelven con el diálogo”, expresó el dirigente sindical Lázaro Reyes.

Afirmó que  el gobernante ha reconocido que los trabajadores no fueron incluidos en las pláticas sobre el contrato.

Hay tiempo para análisis

El interventor de la EPQ, Allan Marroquín, indicó que se hará  un análisis del contrato para ver si es  bueno para la Portuaria.

“Es un acuerdo que da tiempo a todos para que hagan el análisis y se determine que este contrato es perfectamente legal”, aseguró.

PGN no va a investigar

El procurador General de la Nación, Larry Robles, aseguró que no puede investigar el contrato del usufructo otorgado a la empresa Terminal de Contenedores  Quetzal  (TCQ) porque no tiene las facultades legales, ya que para actuar debe tener una orden emitida por el presidente Otto Pérez Molina.

“Ese expediente no pasó por la PGN, ya que es una institución autónoma; la PGN no tuvo conocimiento del expediente. Si fuera el caso que el señor presidente solicitara  la revisión y análisis por parte del procurador, estamos disponibles para hacerlo, ya que es un mandato legal, lo que no se puede hacer es actuar de oficio”, explicó Robles.

El funcionario insistió en su postura, pese a la exigencia de diputados del bloque legislativo Libertad Democrática Renovada (Líder), durante una citación.

Los diputados, a través de una carta, solicitaron al presidente conformar una comisión de trabajo con representantes de distintos  sectores para  hacer un nuevo proceso, con un enfoque transparente  para el pueblo. Para eso piden al Ejecutivo que rescinda el contrato con TCQ.

Dan trámite a demanda

El Juzgado Octavo de lo Civil dio trámite a la demanda de nulidad del contrato de usufructo que otorgó la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ)  a favor de la  Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), la cual denunció el partido Libertad Democrática Renovada.

La acción busca que el juzgado anule la escritura que avaló el usufructo que otorgó la EPQ a la  TCQ, de capital español.

Ahora la judicatura debe citar a las partes involucradas para que presenten sus pruebas, antes de emitir una resolución.

Según la demanda, la EPQ es una institución autónoma y de no declararse la nulidad  se podría incurrir en fraude de ley ya que es contrario a la función pública.

El contrato por 25 años entre la EPQ y TCQ se firmó el 11 de julio recién pasado y corresponde dar en usufructo una fracción de terreno de 348 mil 171.81 m2, en el que TCQ, que pagará aproximadamente US$1 millón al año,  deberá construir una terminal de carga y descarga de contenedores.

 Hay otras tres acciones presentadas contra el usufructo que el Gobierno otorgó a una compañía de capital español.

Niega cambios a conveniencia

El interventor de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), Allan Marroquín, negó que la modificación de la normativa para el usufructo y arrendamiento de áreas y locales se hiciera a la “medida”  para otorgar en usufructo 348 mil m2 a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

No obstante al ser cuestionado de por qué teniendo el dictamen de la Procuraduría General de la Nación, donde se aprueba la figura del usufructo, no  usaron la anterior normativa, Marroquín indicó que no solo se actualiza esa regulación y que también se han incrementado los precios de los  arrendamientos y los cánones de usufructo de distintas empresas, así como las fianzas en esos puntos.

Marroquín dio las declaraciones en su oficina, donde atendió una citación del diputado oficialista Gustavo Medrano, de la Comisión de Comunicaciones, situación que aprovechó para excusarse de la citación del bloque legislativo Libertad Democrática Renovada, al argumentar que la otra la recibió primero.

Funcionarios defienden negocio

Aunque fueron de los funcionarios que supuestamente más cuestionaron al interventor de la EPQ, Allan Marroquín, en la reunión del Gabinete del lunes último, ayer, Juan Carlos Paiz, comisionado presidencial para la Competitividad, y Sergio de la Torre, ministro de Economía, defendieron el contrato de usufructo con Terminal de Contenedores Quetzal, subsidiaria de Transportes de Contenedores de Barcelona.

Ambos integrantes del Gabinete Económico enumeraron los beneficios que el usufructo traería para la modernización del puerto y minimizaron el hecho de que no conocían “algunos detalles” del contrato suscrito el 11 de julio último.

“No hubo desacuerdo. Como en cualquier gabinete donde  se presenta un tema, se hacen los cuestionamientos. Tal vez no conocíamos algunos detalles, pero para eso son los gabinetes, para informarnos de los mismos”, explicó De la Torre.

“Actualmente la carga del puerto se maneja en un 68 por ciento, y cuando un puerto llega al 70 por ciento se considera un puerto de carga lenta, que es cuando los barcos tienen que hacer mucha cola para ser bien recibidos”, resaltó Paiz.

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