Detenciones masivas por la toma de colegios en Chile

Carlos Vergara | La Nación

SANTIAGO, Chile.- En una nueva y violenta jornada de reclamos por una mejor educación, el gobierno del presidente chileno, Sebastián Piñera, llevó a cabo un polémico desalojo de los colegios secundarios tomados por estudiantes desde hace casi una semana, lo que dejó más de cien menores detenidos, además de millonarios daños edilicios.

Los disturbios, disparados por la fuerte resistencia que encontró la policía en algunos establecimientos, y la ya crónica presencia de encapuchados, volvieron a poner en primer plano al movimiento estudiantil, que después de 15 meses continúa con sus demandas por una educación pública gratuita y de calidad, pese al rechazo y el cansancio que su accionar ha comenzado a generar entre la ciudadanía.

Esta vez, en los colegios de Chile se sumaron nuevos puntos al petitorio estudiantil, relacionados con la lentitud en la reconstrucción de los establecimientos después del sismo que devastó gran parte de Chile en febrero de 2010.

En Rancagua, sólo 100 kilómetros al sur de Santiago, diez estudiantes detenidos tras la toma del liceo María Luisa Bombal, uno de los que no recibieron las mejoras prometidas tras el sismo, denunciaron haber sido obligados a desnudarse por carabineros.

El hecho, reconocido por la policía, motivó que la ONG Ciudad Inclusiva presentara cargos ante la fiscalía local. “Vamos a hacer una presentación judicial ante la fiscalía, el Servicio Nacional de Menores y Unicef. Es absolutamente vejatorio y atentatorio contra los derechos de los niños y los jóvenes. La ONU debe saber que en Chile se ocupan procedimientos ilegítimos”, dijo el secretario de Ciudad Inclusiva, Carlos Arellano.

“El uso de la fuerza que se empleó era la necesaria para romper la resistencia”, justificó el coronel de carabineros, Víctor Tapia, que, en una medida inédita, anunció tener instrucciones del alto mando de mantener vigilados los colegios, lo que incluso implicaría que la policía se mantenga dentro de los establecimientos hasta después de la normalización de las clases.

El desalojo motivó también las quejas del máximo dirigente universitario, Gabriel Boric. “El gobierno está desconcertado, ha entrado en una lógica perversa”, alegó, y acusó de “arrogante” al ministro de Educación, Harald Beyer.

OPINIONES

En Chile, el fenómeno genera diversas opiniones. Fuentes del gobierno reconocieron ayer a LA NACION que su apuesta a que el conflicto iría perdiendo peso para el segundo semestre de este año fue, a todas luces, “demasiado optimista”.

Entre las voces coincidentes se destaca la del analista político Fernando Villegas, que apuntó ayer que sería un error para el gobierno pensar que la revolución social se detuvo porque el movimiento estudiantil ya no tiene la misma visibilidad de antes. “Las cenizas pueden reencenderse”, advirtió.

La situación es compleja. Como está dicho, los universitarios, con sus demandas cursadas en el Congreso, ya no generan la misma adhesión del año pasado en la población. Los parlamentarios opositores también se desmarcaron en las últimas semanas de las demandas estudiantiles, como también de las presiones de la antes popular líder Camila Vallejo.

Pero el gobierno tampoco la tiene fácil. Pese a que bajó los inte-reses del crédito con aval del Estado, aumentó las becas y se comprometió a una reforma educacional que será financiada por un próximo ajuste tributario que se debate en el Parlamento, las críticas siguen en pie.

Ayer, el vicepresidente del partido oficialista Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, acusó a Piñera de no “ser capaz de enfrentar el problema de fondo de la educación, que es la calidad”.

Por la tarde de ayer, el vocero de gobierno, Andrés Chadwick, respaldó la decisión tomada por el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, que, pese a ello, presionó al gobierno para que agilice en el Congreso la reforma educacional prometida.

“Veo que los partidos políticos, y hasta el mismo presidente, están mucho más preocupados del binominal [una reforma política ampliamente discutida] y relegan los temas de educación porque saben que pueden traer costos políticos”, dijo Zalaquett.

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