Ejército, policía federal, estatal y municipal entran a la fuerza a la mina la Platosa

El 29 de agosto de 2012 alrededor de 100 elementos de la policía federal, del ejército mexicano y policía estatal de Durango, como policía del municipio de Mapimí penetraron el plantón pacífico del ejido La Sierrita y la Sección 309 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) con la intención de abrir el camino y permitir la entrada a presuntos trabajadores a la mina La Platosa, operada por Excellon de México, filial de la minera canadiense Excellon Resources Inc. 

Agentes del ministerio público federal y ministerio público estatal, sin documentación alguna que acreditara sus dichos, aseguraron que la incursión de la fuerza pública se debía a una petición expresa de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social del ámbito Federal para retomar las instalaciones de la mina.

Antecedentes

Desde el 2008, después de tres meses de conflicto, Excellon de México S. A de C. V. firmó un contrato de ocupación temporal con La Sierrita donde se compromete a coadyuvar en el desarrollo de proyectos productivos a favor del ejido; en este contrato se obliga a la empresa a otorgar la concesión del transporte de mineral y del comedor para los trabajadores, además de la instalación de una planta tratadora de agua, entre otras cosas, sin embargo la empresa ha hecho caso omiso al respecto.

En los últimos cuatro años, la empresa no sólo no ha cumplido, sino incluso ha violado las cláusulas de este acuerdo. Desde noviembre de 2011 y después de varias mesas de diálogo, los ejidatarios obligaron a la empresa a entablar una serie de mesas de diálogo con representantes de la empresa y revisar los incumplimientos y las violaciones a las cláusulas del contrato de arrendamiento de tierras para resolver el conflicto, sin embargo, después de haber agotado sus esfuerzos y debido a la falta

de voluntad de la empresa a trabajar juntos, la Asamblea General del Ejido decidió ejercer su legítimo derecho a protestar pacíficamente contra las operaciones de la compañía La Platosa desde el pasado 8 de julio.

Desde que inició el plantón, se han establecido una serie de mesas de diálogo entre los ejidatarios, trabajadores y Excellon con la participación del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Durango. Durante la última reunión celebrada el pasado 13 de agosto en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, la empresa Excellon, en una actitud intransigente, rompió la mesa de negociación a los cinco minutos de iniciada. En esta misma mesa el gobierno federal, mediante el titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, Jorge Triana, reconoció la actitud de obcecación de la empresa y se mostró “igual de indignado que los ejidatarios por la decisión de Excellon de romper la mesa”. Mientras que por su parte el secretario General de Gobierno de Durango, Jaime Fernández Saracho, aseguró reconocer la disposición del ejido para la resolución del conflicto. 

Está por demás decir, que las acciones de represión por parte de la empresa en colusión con los gobiernos federal, estatal y municipal violentan el derecho de los ejidatarios y trabajadores de protesta y defensa de sus derechos humanos establecidos en los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13 de la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos y el artículo 6º constitucional. Además del derecho de la tierra y el territorio de los ejidatarios establecido en el artículo 27 constitucional y el artículo 100 de la Ley Agraria. Asimismo, se está violando el derecho a la libertad sindical de los trabajadores de la sección 309 establecido en el artículo 123 fracción XVI del apartado A constitucional. Finalmente, la empresa está incumpliendo las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos de la ONU.

Nos preocupa enormemente que ante los actos de violencia provocados por las empresas transnacionales en los estados de Durango, Chiapas, Guerrero, entre otros, las autoridades se muestren omisas o, en su defecto, sean parciales a favor de dichas empresas. Por lo anterior, hacemos un llamado para que el gobierno mexicano cumpla su obligación de respetar, garantizar los derechos humanos de los ejidatarios de La Sierrita, los trabajadores de la Sección 309 y sus asesores de ProDESC.

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