¿Por qué los pueblos se atrincheran y resisten?

CDHTlachinollan.- Desde que los españoles colonizaron a sangre y fuego el territorio americano, las políticas de exterminio y despojo obtuvieron carta de naturalización. La rapiña fue el sello nefasto y devastador de un conquistador que enterraba la espada a los hombres y mujeres que dignamente resistían. Los mensajeros de ultramar con la bendición divina poblaron de cruces sus territorios sagrados como parte de una evangelización etnocida que fue la génesis de la destrucción y la muerte de la civilización mesoamericana.

La supuesta civilización occidental se transformó en una des-civilización, porque su signo ignominioso fue la devastación de estas grandes culturas. La ambición enfermiza de los conquistadores los llevó a ocupar los territorios más ricos; sobre todo donde había enclaves de metales preciosos y lugares con un gran potencial acuífero y ganadero. No en vano Hernán Cortés fue el primer encomendero que escogió la mixteca poblana extendiéndose a la Montaña y la Costa Chica de Guerrero para recolectar el oro que yacía en los lechos de los ríos. Por su parte Pedro de Alvarado hizo lo propio en la región de San Luis Acatlán. Esta empresa colonizadora sólo fue posible con el sojuzgamiento y sobrexplotación impuestas a la población indígena. Muy pronto se establecieron grandes haciendas y estancias en las tierras más fértiles de la Costa Chica y la Cañada, donde los españoles se transformaron en comerciantes prósperos que basaron su riqueza en el despojo, el engaño y escarnio.

Las Bulas del Papa Alejandro VI fueron los documentos pontificios que autorizaban a los conquistadores a adueñarse de estas tierras ignotas donde algunos misioneros haciéndose eco de la visión racista de los conquistadores ponían en duda la racionalidad de la población nativa. Los conquistadores apelaban al derecho divino para sacralizar la propiedad privada, legalizar el atraco a la propiedad colectiva y justificar sus guerras de exterminio. El derecho codificado por los vencedores siempre estuvo orientado a socavar el derecho de los vencidos y a colocarlos en una posición estructural inequitativa y desigual.

Desde aquellos años de la ignominia a los pueblos originarios se les impuso el estigma de la indianidad. Ser indígena pasó a significar un ser sin derechos, destinado a la esclavitud y a vivir en mazmorras. Nacido para obedecer y vivir de manera silvestre. El gobierno colonial creo estructuras y estamentos sociales para someter y mantener en los estratos más bajos de la sociedad a la población indígena. Crearon los pueblos de indios para supuestamente castellanizarlos y evangelizarlos, era más bien para concentrar fuerza de trabajo esclava y expoliarlos con el cobro de tributos.

El indígena otrora dueño de su tierra fue convertido en paria, peón de las grandes haciendas y minas, reducido a esclavo del peninsular. Desde la colonia los pueblos indígenas darían una lucha heroica e inquebrantable. Varias rebeliones indígenas tuvieron lugar por ese entonces. Su reclamo central siempre ha sido la recuperación y defensa de sus territorios. No en vano miles de indígenas y campesinos respondieron al llamado de los independentistas de 1810 y con la dignidad en alto empuñaron el arma para pelear por el sagrado derecho de vivir dignamente dentro de los marcos normativos de la comunalidad. La sangre derramada no fue compensada. Ninguna proclama, ya sea de la independencia, ya de las luchas de reforma, incluyeron la demanda del reparto agrario, por el contrario la Constitución de 1857 socavó la personalidad de los pueblos indígenas y campesinos favoreciendo el despojo y la formación del latifundio.

De nueva cuenta los protagonistas de la revolución de 1910 fueron los campesinos e indígenas. Empuñaron su 30 30 y al grito de tierra y libertad se fueron a la lucha con Villa y Zapata. Y nuevamente su lucha quedaría trunca. Sus anhelos de tener tierra siguió siendo una promesa. La Constitución de 1917 trató de recoger esta demanda histórica, sin embargo, los intereses de la burguesía en ciernes montada en el potro de la gesta revolucionaria, se encargó de debilitar el movimiento emancipador de los indígenas y campesinos. La traición se oficializó con la llegada de los partidos políticos, al grado que el partido hegemónico institucionalizó la revolución para lucrar con el poder presidencial.

Los gobiernos postrevolucionarios construyeron su base social corporativizando al campesinado y a los pueblos indígenas y uno de sus mecanismos de cooptación y control fue la instrumentación de una reforma agraria que a la postre resultó un fracaso. Se convirtió en un proceso lento y burocrático permeado por la corrupción de abogados e ingenieros coludidos con burócratas inescrupulosos que recibieron dinero de los hacendados y propietarios de grandes extensiones de tierra con tal de mantener intactas sus propiedades, y con ello evitar que se les afectara en los procesos de dotación, reconocimiento y titulación a favor de los pueblos. Así las superficies dotadas o reconocidas a los pueblos sufrieron grandes variaciones entre el proyecto de dotación inicial y la resolución presidencial final.

La mayoría de los conflictos agrarios nos remiten a un esquema irresponsable que rayó en la trivialidad por parte de los burócratas del sector agrario que nunca dimensionaron lo que para los pueblos indígenas y campesinos significa defender la tierra colectivamente. Nunca tuvieron la capacidad y el valor para atender los conflictos de cara a la colectividad, dentro de las asambleas. No sólo por falta de legitimidad o pericia de los funcionarios, sino por los vicios tan acendrados y las acciones ilegales implementadas desde el gobierno colonial orientadas a legalizar el despojo. No es casual que en muchos casos exista la sobreposición de planos porque no fue algo fortuito, mas bien fueron acciones perversas, dolosas alimentadas por la corrupción y el engaño. Las autoridades negociaban en el escritorio y con el dinero constante y sonante de los pueblos el límite de sus tierras, que en el papel podían moverse al gusto del cliente, dejando para la posteridad luchas intestinas entre las mismas comunidades agrarias que fueron víctimas de agentes externos rapaces.

La alta conflictividad agraria que vivimos en nuestro estado es consecuencia del mal trabajo realizado por gobiernos acostumbrados a manipular y a tener como población cautiva a los pueblos indígenas y campesinos. Nunca los reconocieron como sujetos con plenos derechos y como colectividades con gran capacidad para dirimir sus conflictos, por el contrario encontraron una veta para hacer jugosos negocios con los recursos naturales que los pueblos han podido preservar.

El modelo de atención de los conflictos agrarios siempre ha pendido de una estructura burocrática nutrida por funcionarios que de manera empírica han improvisado aprendizajes para atender conflictos agrarios de alta envergadura. Por eso se ha vuelto costumbre decir que los conflictos que enfrentan los pueblos indígenas ya llevan décadas o siglos, como si eso fuera parte de una herencia o predestinación endilgada a los pueblos, más bien es la marca secular que arrastran los gobiernos criollos y mestizos que han sido incapaces de resolver a fondo el problema de la tierra.

La contrarreforma al Artículo 27 constitucional implantada por Salinas de Gortari diseñada expresamente para privatizar los territorios comunitarios, ha desencadenado un proceso de mayor pulverización de la propiedad colectiva, acumulando con ello mayores conflictos agrarios, a los que por décadas ya vienen arrastrando los pueblos y comunidades. La conflictividad no sólo se centra en los limites territoriales, sino que ahora se diversifica por la disputa de los recursos naturales, y hay un intento por parte de diferentes grupos económicos, políticos y hasta delincuenciales por asegurarse del control territorial. Esta tendencia ha sido alentada por los mismos gobiernos que impulsan programas y proyectos destinados a usufructuar con las riquezas de la comunidad. Con la falacia dominante de que con grandes inversiones privadas se podrá revertir el rezago que enfrentan las comunidades rurales, las autoridades de los tres niveles de gobierno viven empeñadas en brindar todas las facilidades a los empresarios que sólo buscan extraer las riquezas a cambio de migajas.

Actualmente, en Guerrero hay conflictos agrarios que están atizados por grupos políticos y económicos que buscan imponer mega-proyectos como el caso de la Presa Hidroeléctrica La Parota, donde ahora aparecen varios grupos de campesinos disputando los cargos del Comisariado de Bienes Comunales. Esto mismo está sucediendo en Carrizalillo, donde los representantes de la empresa Gold Corp maniobran para dividir a los ejidatarios e imponer a los representantes que serán fieles defensores de sus intereses.

Por otra parte los conflictos más álgidos que han protagonizado varias comunidades indígenas están relacionados con los límites territoriales, que han costado varias vidas humanas y un desgaste de energías, de dinero y de tiempo sin obtener resultados tangibles que les permitan trabajar sus tierras y vivir en paz. Viene a nuestra memoria el conflicto que hasta la fecha sigue arrastrándose entre Ocoapa y Tlacoapa, que colocó a los habitantes de ambos poblados en una posición extrema, donde el uso de la fuerza fue la única forma de dirimir el conflicto. Esto mismo sucede con los núcleos agrarios de San Juan Bautista Coapala y Huitzapula, donde lamentablemente han caído heridos y muertos en las parcelas donde siembran y que están en conflicto. En los municipios más pobres como Metlatónoc, Cochoapa y Tlacoachistlahuaca se han suscitado grandes conflictos agrarios como los que han protagonizado la comunidad de Jicayan de Tovar con Metlatónoc, por una parte y el Jicaral, Oaxaca por la otra.

Actualmente los focos rojos están encendidos en las comunidades Me’phaa del municipio de Malinaltepec, donde las comunidades de Tilapa y Tierra Colorada se disputan desde hace décadas 42 hectáreas, causando varias muertes entre los miembros de las dos comunidades. La escalada del conflicto está desbordando sus propios límites territoriales que se ha complejizado a causa de las acciones emprendidas por las comunidades vecinas como El Rincón, Iliatenco y Colombia de Guadalupe, quienes han decidido bloquear la carretea que va de Tlapa a Marquelia. La población ha optado por atrincherase e implementar una estrategia de autodefensa ante la falta de canales de interlocución apropiados que ayuden a distender el ambientehostilidad y agresión que impera en la zona.

Es lamentable constatar la incapacidad del gobierno para proteger la vida y la seguridad de la población. Ha sido insuficiente el único recurso que las autoridades han echado mano, de enviar policías y militares a los puntos en conflicto, que han resultado infructuosos, porque son acciones pasajeras que sólo sirven de calmantes, ante un problema que requiere un tratamiento profundo y con una visión integral. Preocupa bastante que la población esté vislumbrando únicamente salidas de fuerza, buscando ahora cómo causar bajas y daños y como prepararse ante alguna incursión violenta dentro de su misma comunidad. Nadie duerme tranquilo, ni puede realizar sus actividades con normalidad. Ahora asistir a la escuela o ir a la milpa resultan ser actividades de alto riesgo. Es inconcebible ver cómo los niños y las niñas ya no pueden jugar al aire libre. Las mujeres tienen que guarecerse en sus precarias viviendas. Los jóvenes y la gente mayor está congregada monitoreando en todo momento los movimientos de la comunidad vecina que ha roto sus lazos de hermandad. Los pueblos en conflicto han alterado su cotidianidad y tranquilidad, han sido orillados a tomar decisiones extremas para garantizar su sobrevivencia. Lo más desesperante es que no solamente están dejando de llegar los víveres a sus comunidades, sino que no hay señal alguna de que las autoridades puedan estar en la zona de conflicto. Por el contrario, se han replegado, están apanicadas y desbordadas por un conflicto que dejaron crecer y que no le dieron el tratamiento adecuado, para por lo menos contenerlo y evitar que se detonara la violencia.

Las autoridades están obligadas a tomar la iniciativa para evitar más derramamiento de sangre y reconstituir el proceso de diálogo que se ha truncado y que ha alimentado la desconfianza y el enojo. Está a prueba la audacia, el compromiso y la capacidad para atender de manera inmediata y efectiva un conflicto agrario donde está de por medio la vida, la seguridad y la paz de estos pueblos heroicos, por su historia grande y sus luchas ejemplares.

Artículo de Tlachinollan publicado en el periódico El Sur el 12 de septiembre de 2012.

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