La criminalización de la protesta en las universidades públicas


Javier Saldaña

Rebelión.- “¿Usted sabe cómo hacen los chinos para matar a los gorriones? No los dejan posar en las ramas de los árboles. Los hostigan con palos y no los dejan posar, hasta que se mueren en el aire; les revienta el corazón y caen al suelo. Los traidores (y los mediocres de medio pelo), tienen vuelo de gorrión. Alcanza con hostigarlos, con no dejarlos descansar, para que terminen yéndose al suelo. No… para la lucha hay que tener vuelo de águila. El águila vigila paciente mientras planea sin mover las alas. Aprovecha el viento y deja que los demás aleteen”.

(Eduardo Galeano, Días y noches de amor y de guerra. 1978)

¿Dónde, cómo y porqué se criminaliza y se reprime a la protesta, a la disidencia, al pensamiento crítico? No vayamos tan lejos. ¿Dónde, cómo y porqué se criminaliza tan sólo un esbozo que difiere del que ejerce el poder? Es decir: ¿Cuál es el estado que guarda nuestro país? No haremos aquí un diagnóstico general de la situación nacional, lo cual es indispensable. Pero sí es necesario proponer una síntesis mínima en la que todos coincidamos.

Suponemos que se criminaliza en las universidades públicas o como consecuencia de la lucha en ellas. Pero hay que tener presente que lo que ocurre en las instituciones de educación superior tan sólo es un reflejo de lo que ocurre en el país y, guardando las proporciones, lo que pasa aquí también tiene su expresión nacional.

Con esto quiero decir, a riesgo de parecer simplista, que la estrategia represiva y de criminalización, que el régimen político actual aplica, es la misma para aplastar cualquier inconformidad, movilización o movimiento de la magnitud que sea y en el lugar que sea. No importa si se trata de demandas inmediatas y a corto plazo o si es un movimiento social de largo alcance. Las diferencias son mínimas y las podemos observar si atendemos dos aspectos que van unidos:

Primero, el tipo de demandas o propuestas que se realizan y, segundo, a quiénes las hacen.

Casi todas estas diferencias se encuentran en el modo en que se tratan al los conflictos en un principio. Sólo por mencionar algunos ejemplos: si es el caso de un sindicato, el conflicto se administra con negociaciones burocráticas sin salida y retorciendo las leyes laborales. Si son campesinos que defienden su tierra se intenta cooptarlos, engañarlos o sencillamente se les despoja. Si es un problema magisterial, los medios de comunicación los ridiculizan. Si son indígenas, se les desprecia de muchos modos. Si hablamos de estudiantes, se nos ignora. Si son defensores de derechos humanos, se les hostiga. Si son mujeres reivindicando sus derechos se les estigmatiza. Si el conflicto persiste y la organización se fortalece, las diferencias desaparecen y la represión se agudiza. El orden de estas respuestas primarias del régimen puede cambiar y ninguna excluye a otra. En algún momento, trátese de quien se trate, a todos les ocurre lo mismo. Depende del grado de peligro que el régimen evalúe.

La estrategia de la que hablamos parte de una única fuente: “La doctrina de Seguridad Nacional” anglosajona y europea adoptada plenamente por casi todos los gobiernos de América Latina. Esta doctrina usa términos ya agresivos como “El enemigo interno”, “Estado de excepción”, “Bajas colaterales”, “Falsos positivos”, “Guerra de baja intensidad”. Además, otros presentes desde hace tiempo en nuestro Código Penal, como “ sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje y conspiración”. La doctrina de Seguridad Nacional según Carlos Fazio, reconocido especialista y crítico de ella, es:

“… una doctrina militar. Contiene una rigidez completamente militar. Fue concebida en el marco de la guerra de espectro total contra el comunismo y el terrorismo. Su esencia es contrarrevolucionaria, antisubversiva. Entre los elementos de esa doctrina figuran los objetivos nacionales.”

Según esa doctrina “…Toda oposición supone anarquía, subversión.” ¿Pero qué tiene que ver esto con las Instituciones de Educación Superior? Pues que en el Manual de Seguridad recientemente aprobado por la ANUIES en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, para ser aplicado en las universidades del país ,se usan más palabras de la nomenclatura militar, entre ellas: “control de la población flotante o permanente” o “actos tumultuosos”. Peor aún, este manual fue revisado y corregido por Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

¿Qué hace este señor de la guerra, responsable de innumerables violaciones a los derechos humanos imponiéndoles este tipo de medidas a las universidades autónomas? ¿Qué no se supone que las universidades tienen la capacidad de autogobernarse y de elaborar sus normas? ¿Quién con sensatez pensaría que la seguridad dentro de un plantel escolar se debe tratar con los mismo criterios con los que se aborda la fracasada y criminal guerra contra el narcotráfico?

Más aún, en la UAM-Iztapalapa, hace poco se aprobó por sus órganos colegiados, un manualito de “seguridad interna” que se autodenomina “Manual Técnico-policiaco de seguridad”.

Ahora bien, decíamos que a todos se les aplica la misma estrategia en términos generales, independientemente del tipo de movimiento o movilización, lo cual se puede observar en el uso de tácticas iguales. Como actores colectivos, al trabajador, al campesino, al ejidatario, al indígena, al estudiante, al profesor o a cualquiera que proteste –no necesariamente en el siguiente orden y dependiendo de hasta cuando decida detenerse- se le exhibe, se ataca su credibilidad, se le ignora, desprecia, ridiculiza, despoja, estigmatiza, persigue, hostiga… A quien no sea indiferente ante cualquier acto injusto, se le prejuzga, insulta, intimida, amenaza, se le expulsa o se le despide… Si persiste, se le violenta su existencia física o psicológicamente, se le encarcela, asesina o desaparece… Es decir, se les reprime y criminaliza como sujetos políticos, no como a individuos, aunque sea en momentos distintos y aunque las consecuencias directas sean particulares. ¿Para qué hacer todo esto? ¿Ra qué el régimen por medio del aparato del Estado se ocupa en gastar recursos en esto? Para castigar, intimidar, atemorizar, desmovilizar y controlar.

¿Esto ocurre en las universidades públicas? Más concreto y para comprobar la hipótesis que tiene como título este foro: ¿En las universidades públicas se ejerce la criminalización de la protesta social? Para responder a estas preguntas cito algunos casos recientes y de algún modo cercanos:

En octubre de 2009, los funcionarios de la UAM expulsan a tres estudiantes de este por sus actividades políticas montando una farsa que ni ellos mismos creyeron. Este acto se detuvo temporalmente mediante un amparo, el cual fue resuelto negativamente en diciembre pasado, ratificando la expulsión definitiva. Lo cual significa que la “justicia” federal validó las mentiras, trampas y estupideces que los abogados de la universidad presentaron como argumentos “jurídicos” ante los tribunales y que, una y otra vez fueron rechazadas hasta que, al final del proceso jurídico, fueron extrañamente consideradas como elementos “contundentes” de prueba.

También se sancionó con exceso de severidad y de forma sumaria a trabajadores sindicalizados por defender sus derechos contractuales. Aquí podemos ver el recurso represivo del despido y la expulsión.

En marzo de 2011, funcionarios de la UAM-Iztapalapa, responden con burlas y agresiones a estudiantes a peticiones formales que hicimos para resolver problemas urgentes. Primero ocupan por la noche un espacio público de reunión y convivencia cotidiana. Luego, los estudiantes pedimos diálogo y el rector mediante su cuerpo de seguridad, nos opone su voluntad agrediendo a compañeras con patadas, empujones y gas pimienta. Al siguiente día, con acuerdo tácito con el gobierno del Distrito Federal, enviaron a los granaderos a reprimirnos cuando protestábamos por estos hechos en las inmediaciones de la universidad. Aquí se ejemplifica la táctica de la violencia.

En abril de 2011 en un desplegado en los principales diarios de circulación nacional, la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México insulta a sus trabajadores, estudiantes y profesores, asegurando, entre otras cosas, que esa institución es un fraude. Ante esta aseveración rectores, funcionarios e investigadores de otras universidades se regocijan junto con los repetidores de mentiras e idioteces de la televisión que la invitan a dar entrevistas, en las que la señora Orozco exhibe más el tamaño de su perversión. Aquí se muestran los aspectos represivos de la exhibición, el desprecio, la ridiculización y la estigmatización.

La comunidad de dicha universidad exige su renuncia inmediata debido a que se comprueban actos de corrupción, nepotismo y persecución política contra quien disiente públicamente de ella. Ante el tamaño de la estupidez cometida, la señora Orozco es de inmediato respaldada por el grupo de poder que la instaló allí: el gobierno del D. F. En otros grandes desplegados periodísticos, algunos funcionarios de otras universidades como el ex rector de la UAM Iztapalapa, Óscar Monroy Hermosillo y el actual rector de esta misma institución, Javier Velázquez Moctezuma. ¿Coincidencia? (Ver desplegado impreso en La Jornada y Reforma del 13 de abril de 2011).

En los meses subsecuentes son hostigados, perseguidos e insultados estudiantes, trabajadores y profesores que habían sido los primeros en criticar a la actual rectora, denunciado sus atropellos y que habían exigido su revocación por su evidente ineptitud para el cargo. Finalmente, son destituidos por la contraloría (acá se le llama así, al Santo Oficio de las universidades, en la UAM se le denomina Comisión de Faltas y en la UNAM, Tribunal Universitario) de la institución varios profesores y trabajadores, mediante procedimientos igual de irregulares que los actos de la rectora. Aquí se exhibe el método del insulto y el despido laboral.

En diciembre pasado, un estudiante de la UAM es forzado a bajar de su auto con violencia y es golpeado con patadas en la cabeza y rostro por alrededor de ocho sujetos, quienes al mismo tiempo que lo agreden, lo amenazan aludiendo a sus actividades políticas. Aquí vemos amenazas y violencia física.

En octubre de 2011 es asesinado con nueve balazos el estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Carlos Sinuhé Cuevas. Semanas antes había recibido amenazas mediante su teléfono celular y su correo electrónico. Cabe destacar el conocido activismo político del compañero tanto en la UNAM como en otros ámbitos como la lucha contra la militarización y la guerra del titular del ejecutivo federal. Sin prueba alguna la Procuraduría General de Justicia del D. F., por medio de su titular, Miguel Ángel Mancera (ahora candidato del PRD a Jefe de Gobierno), se apresura a declarar que el móvil del homicidio fue “pasional”. Días después es asesinado, también a balazos otro estudiante de la misma universidad sin que hasta la fecha se sepan las causas y los nombres de los autores. En este ejemplo observamos la táctica de la amenaza, la persecución y el asesinato.

Como ustedes saben, el 12 de diciembre de 2011 son asesinados a balazos otros dos estudiantes y detenidos y golpeados otros 20, de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, durante un brutal acto de represión efectuado por la policía ministerial de Guerrero y por la Policía Federal. Asesinato, violencia física y cárcel.

Los ejemplos son vastos, no nos permiten exagerar. Si los contextualizamos en el momento actual del país y después realizamos un sencilla relación entre ellos, podemos concluir que no se trata de coincidencias, sino de la puesta en marcha de un plan sistemático de criminalización y represión.

¿Cómo responder a esta situación de represión y criminalización que cada vez se agudiza más, pero al mismo tiempo se normaliza? ¿Cómo seguir actuando si estos ejemplos y muchos otros más nos recuerdan que el régimen político, no olvida, que siempre tiene presente a todo tipo de disidentes, a sus palabras y sus actos? ¿Qué hacer si la pinza de esta estrategia se cierra en las universidades públicas y si el aparato del Estado cuenta con todos los recursos, para afinar, actualizar e introducir sus métodos en nuestras escuelas, mientras que los movimientos y organizaciones seguimos cayendo en la ingenuidad excesiva o en la paranoia política? En tanto que todas las instituciones de impartición de justicia y corporaciones encargadas de ejecutar la represión reorganizan y ajustan sus métodos e intensifican su vigilancia en nuestros centros de estudios, muchas veces, a los activistas sociales –estudiantes, profesores o administrativos- nos rebasa el exceso de confianza. En nuestras protestas y en nuestras formas de organizarnos, además de considerar el modo de resolver las diferencias político ideológicas y de métodos, es imprescindible solventar, de forma simultánea, los puntos antes señalados. También, cuando se nos reprime, en cualquiera de sus modalidades, orientamos las acciones hacia la defensa de las víctimas, lo cual es necesario, pero insuficiente, porque perdemos de vista el objetivo inicial. Esto nos coloca en una posición defensiva que invade hasta nuestro lenguaje o, desde un inicio, ya nos ubicamos en ese lugar. Vasta revisar las consignas o peticiones y revisar cuántas veces decimos “en defensa de esto” o “por la defensa de esto otro”. La defensa de nuestras universidades públicas es fundamental, pero también lo es avanzar.

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