¿Por qué nos Indignamos en el Magdalena Medio?

Luchadores y luchadoras por una Colombia digna y soberana reciban un caluroso y revolucionario saludo. Bienvenidos a la tierra de Pipatón y Yarima, ejemplos de resistencia contra la usurpación extranjera y la defensa de nuestro territorio y sus gentes. Grato es este encuentro en donde hermanas y hermanos campesinos, trabajadores, jóvenes, estudiantes, mujeres y hombres del común levantamos el grito de la indignación contra un modelo que avasalla el interés nacional, que humilla nuestra soberanía, que deshumaniza, que precariza cada día más a los pobladores hasta llevarnos al más alto grado de crisis humanitaria como el que existe en Colombia.

En el neoliberalismo hay un principio que ordena a que lo público se privatice, bajo el supuesto de que la gestión privada es más efi¬ciente y porque requiere de la no interferencia del Estado. En vir¬tud de ello la mayoría de las empresas del Estado se fuer¬on privatizando. Las empresas prestadoras de los servicios públi¬cos colectivos, las empresas indus¬triales y comerciales del Estado, las entidades financieras y otras fueron vendidas a consorcios na¬cionales y extranjeros por de¬bajo de sus costos reales con lo cual el robo a la Nación fue doble.

Para los neoliberales todo lo pri¬vado es sinónimo de progreso y transparencia mientras que lo público es relacionado con la cor¬rupción y estancamiento. Bajo este parámetro fueron privatiza¬das entidades encargadas de im¬pulsar y hacer realidad muchos derechos sociales como salud, agua, energía y edu¬cación, entre otras, convirtiéndolos en servicios de alto costo al ser sometidos al mercado, lo que, según los neoliberales, regularía las oportunidades y concedería los derechos, claro está según la lógica de la oferta y la demanda: quien pueda pagar accede a ellos.

En el caso de las Universi¬dades públicas. Estas han sufrido la reducción de su presupuesto y en lugar de la financiación por el Estado, se fue instituyendo como política el crédito haciendo que los estudiantes mis¬mos paguen los costos de lo que debería ser un derecho, así se hizo normativa la política de autofinan¬ciamiento y fue perdiendo calidad la educación en todos los niveles.

Todo el sistema de salud pública fue desmantelado bajo la premisa de la eficiencia privada mediante la reforma legislativa de un Congreso amarrado a la para¬política y a los para empresarios. Su estado actual, es agónico y mori¬bundo, expresa una profunda crisis en la que la mayoría de los colombianos pagan los pla¬tos rotos, poniendo en riesgo su salud y su vida. Esto es una muestra fehaci¬ente de cómo los intereses y la gestión privada es un desastre administrativo, está guiada por la avaricia y el enriquecimiento, por la reglas del capitalismo de máx¬ima rentabilidad con poca inver¬sión, donde la salud de los usu¬arios es lo que menos interesa porque se ha vuelto una mercancía.

Los argumentos que se utilizaron para vender a privados los ac¬tivos estatales, saqueados por la maquinaria clientelista y ma¬fiosa de los partidos políticos tradicionales en una estrategia planificada de corrupción, la que desaparecerían con la privati¬zación, se muestran en su ver¬dadera cara. La corrupción, sin duda, tiene cara capitalista, sea ejercida por empresarios priva¬dos o por burócratas estatales.

De toda esta lógica del modelo neoliberal no se escapa nuestra región. Todo lo contrario, nuestro territorio históricamente ha sido codiciado por las transnacionales producto de la riqueza agrícola, ganadera y minera, no en vano la disputa por el control y la tenencia de la tierra ha generado de parte del Estado y los paramilitares la más cruenta guerra contra nuestros pobladores.

Desde mediados de los años ochenta la ofensiva por el desalojo en el territorio ha dejado miles de muertos, de familias desplazadas violentamente, y vastas extensiones de tierra usurpadas a nuestros hermanos campesinos, con la total impunidad del Estado, siendo mucho más visible en los 8 años de gobierno del Álvaro Uribe Vélez.

Con la llegada a la presidencia de Juan Manuel Santos las cosas no mejoraron para nuestra región, su propuesta de desarrollar a toda máquina la “locomotora minero energética” hace más oscuro el panorama de la región. El modelo extractivista se volcara en busca de nuestras riquezas, millones de hectáreas con¬vertidas en títulos mineros para las transnacionales del carbón, petroleras y auríferas, títulos mineros que les concede derechos de explo¬ración y explotación a las com¬pañías extranjeras por más de 30 años y con derecho a prórroga, les cede porciones del territorio sobre los cuales hemos perdido soberanía, títulos que son una auténtica vergüenza para nues¬tro país y un agravio a nues¬tra conciencia.

La errática política de tierras está produciendo un profundo desastre social. En lugar de propender por consolidar ¬y expandir la vocación agrí-cola que asegure una posición independiente en materia ali¬mentaria, lo que se ha producido es la ampliación de la dependen¬cia. Se intensificaron los caminos del despojo masivo de tierras a las comunidades del campo, incluso de los ancestrales po¬bladores de estos territorios y se pretende posicio¬nar la mega agricultura de com¬bustibles, los llamados agro nego-cios de la palma aceitera, cuando es universalmente reconocido que el futuro está en una agricultura pequeña y medi¬ana, que pueda ser sostenible, sin la agresividad de los tóxicos y en la armonía con la naturaleza, don¬de lo principal es la producción de alimentos para la humanidad y no combustible para los carros.

Este modelo pretende llevarnos a un campo sin campesinos y por ende se verán los pueblos de la región y Barrancabermeja abocados a nuevos éxodos. El despojo de los territorios del sur de Bolívar, el Nordeste Antioqueño, el Bajo Cauca y Guamocó ha sido una muestra de ello: Sobrevuelos permanentes, bombardeos y ametrallamientos indiscriminados en campos y cordilleras, generando terror en las comunidades, la militarización permanente agudiza la inseguridad con el incremento de atracos en las zonas y hechos de descomposición social, la extorsión de parte de los militares a los pequeños mineros con la amenaza de judicializarlos, el interés de involucrar a la sociedad civil en el conflicto a través de ofertas económicas y métodos coercitivos para vincularse a las redes de informantes, hechos de los que no se escapan los menores de edad.

La persistencia de las fumigaciones que atentan contra la seguridad alimentaria en muchas zonas donde no hay cultivos de uso ilícito a razón de la acción decidida de las comunidades, no porque el gobierno haya planteado alternativas para la sustitución, solo bajo la conciencia y la voluntad del campesinado para recuperar su cultura alimentaria y su arraigo al territorio.

Todo esto viene ocurriendo con el objetivo de vaciar el territorio a favor de la explotación minera, del monocultivo de palma aceitera, acompañado de la depredación de la naturaleza, del medio ambiente y en contra de la vida de las comunidades del Magdalena Medio.

Hermanos y hermanas, la contaminación ideológica desarrollista no nos ha dejado ver con claridad como vienen cambiando nuestra ciudad, no solo en el aspecto paisajístico urbano, sino en lo cultural, social y sobre todo el papel que juega dentro de la economía nacional.

A la par que crece la cultura del cemento, se deforesta y aumenta la ciudad y el impacto climático se hace más severo; se incrementa la actividad petrolera pero paradójicamente el desempleo crece y la tercerización en el campo laboral hace más indigno y precario el salario, se prevé menor inversión social producto de la disminución de regalías petrolera consagrada en la Nueva Ley de regalías, y desde ya se habla de nuevos centros logísticos multimodales y zonas francas para beneficio de la extracción minera, hacia el extranjero. Barrancabermeja dejó de ser nuestra para ser de todos y de nadie.

Es así como durante décadas, hemos presenciado tanto de la guerra y tan poco de la Paz, que el reto que hoy nos convoca es de altas proporciones, por tanto, es preciso decir que la Paz implica, en un primer momento el fin de la confrontación armada: superar la situación humanitaria y brindar garantías a la sociedad para ejercer libremente sus derechos democráticos, que a causa de la zozobra de la violencia generalizada se ven altamente disminuidos; además, la Paz también es la garantía integral de los derechos fundamentales de todas y todos los colombianos. Significa, tener un modelo económico y un sistema político que nos dignifique en vez de hacernos cada vez más pobres, con garantías para la libre y sana contienda política de las diferentes expresiones y no la imposición indiscriminada de una sola forma de ver, entender y hacer en nuestro país.

Todas y todos los colombianos somos víctimas de este conflicto, por tanto, tenemos la responsabilidad de hacer parte de su solución e ir más allá, en la búsqueda de un país más justo y equitativo. Por eso, hoy el movimiento social y popular se ha vertido en una dinámica de articulación y unidad de sus diversas expresiones en la RUTA SOCIAL COMÚN PARA LA PAZ, que está construyendo una agenda que recoge las reivindicaciones más sentidas de las gentes del común, y plantea una vía para unificar propuestas significativas que marquen el accionar del movimiento social colombiano. Esta SEMANA DE LA INDIGNACIÓN, que concluye hoy 12 octubre, con masivas movilizaciones por la Paz en todo el país y que nos reúne con alegría de re-encontramos viejas y nuevas generaciones de este querido Magdalena Medio, para exigirle a los actores en conflicto que están sentados en la mesa de diálogo, nuestra participación; este importante camino que apenas inicia para construir la Paz, no puede desconocer a quienes hemos padecido las consecuencias del mismo y quienes durante décadas hemos actuado en defensa de nuestro territorio, también debe llamar los demás grupos insurgentes al diálogo, de manera organizada han sido décadas también de violencia y violación de derechos humanos, de asesinatos, amenazas y masacres que no se pueden resolver solo en una mesa cerrada y aislada de nuestra participación.

Saludamos la decisión de las partes en este esfuerzo por el diálogo, pero consideramos que a diferencia de otros intentos fallidos, la presencia del movimiento social, de manera directa, marcaría una mejor ruta para la Paz. De igual manera, consideramos que no es posible construir un proceso de Paz en medio de la confrontación armada, ya que esto sigue poniendo en riesgo la población y no brinda garantías en términos de derechos humanos para el accionar y participación del movimiento social. Esto no quiere decir, que allí se agote la agenda social, ya que la construcción de la Paz con justica social ha sido una apuesta histórica y permanente del movimiento social.

Es necesaria una Paz con Justicia Social; y ésta solo la conseguiremos si continuamos en las calles de forma unitaria exigiendo el país que queremos, con la movilización, la organización y la acción política exigiendo un modelo de desarrollo alternativo, en equilibrio con el medio ambiente, y que favorezca a las grandes mayorías de nuestro país y no el actual modelo que se nos ha impuesto con la fuerza desmedida de la guerra y nos ha sumido en la pobreza absoluta, sin distingo de género, raza o culto. Las organizaciones sociales y los sectores populares, obreros y campesinos del Magdalena Medio, tenemos hoy el reto de construir a nivel local y regional las herramientas y los escenarios que garanticen una región y un país de Paz con justicia social, equitativo y solidario.

BASTA DE TANTA GUERRA, BASTA DE TANTA BARBARIE, ESTAMOS CANSADOS DE LA CULTURA DEL MIEDO Y EL TERROR, VIVA LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

 

 

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