Guatemala: discursos éticos y propiedad privada

Emanuel Bran

Guatemalteco estudiante de la Universidad de Barcelona

Toma la Palabra.- Nuevamente el gobierno de Guatemala hace gala de intolerancia y de seguir privilegiado la represión antes que el diálogo y la responsabilidad. La noticia que ha corrido por los medios de comunicación nos coloca en un trágico regreso al autoritarismo característico de los años de guerra: el pasado 4 de octubre 48 cantones (comunidades organizadas) de Totonicapán se concentraron en una vía importante del país mientras un grupo de ellos pretendía negociar  una serie de demandas (bien conocidas e ignoradas) con el gobierno de turno. La “negociación” no tuvo resultados positivos para las comunidades organizadas: entre 7 y 9 muertos y decenas de heridos a manos del Ejército de Guatemala. Ésta fue la respuesta del gobierno.

En el contexto actual que vive Guatemala (saqueo de recursos y tierras indígenas  para el monocultivo y la expansión del capital) es evidente que las razones de estos hechos violentos tiene que ver con una estrategia mayor, es decir, no son las demandas puntuales las que están en juego solamente. Se está tratando, además, de reprimir a personas que se niegan a ser abusadas por empresas nacionales o transnacionales y que quieren defender la vida, la tierra, el agua o sus tierras. Y negarse, organizarse, expresarse, no es un delito sino un derecho. Sin embargo, lo que más resuena desde el gobierno y sectores conservadores, tal catecismo, es el mandato del gobierno y las fuerzas del orden (el de ellos) de garantizar la libertad (de locomoción, de empresa…) y de resguardar la democracia ante las protestas.

Sectores conservadores, determinados medios masivos de comunicación e instituciones se empeñan en crear un ambiente propicio para justificar el uso de la violencia bajo el supuesto de defender la libertad y la democracia (la de ellos claro está). Y de paso resguardar, como bien se sabe, otro de sus sagrados dogmas: la propiedad privada, el enriquecimiento a partir de la explotación y el saqueo de recursos. Para de este teatro de operaciones, tal como ya se ha hecho en el pasado, es justificar las medidas represivas creando un “enemigo interno”, actualizado vendría ser un “enemigo de la democracia y la libertad”. Además, de una supuesta polarización entre derechas e izquierdas, que distancian mucho de lo que está ocurriendo.

Para estos sectores los pueblos y la gente son solamente una masa pasiva, incapaz de tomar el destino en sus manos y por tanto sujetos de manipulación ideológica. Esto nada más refleja la manera cómo conciben a la población; como consumidora, como mano de obra, como objeto de dominación y de control, a la que si se revela se le sosiega a palo y fuego: Nueva Linda, El Polochic y Totonicapan son solo algunos ejemplos recientes. En estos casos las fuerzas del orden, mal llamadas de Guatemala, bien valdría acotar diciendo de los empresarios de Guatemala, han servido como fuerzas de seguridad de aquellos proyectos e intereses que desde hace ya varios años necesitan saquear la tierra y sus recursos.

En un  comunicado de prensa publicado recientemente (10/10/12) y denominado “Llamamiento al diálogo, por la paz y la justicia” [pdf], firmado por Oscar Vian Morales, Arzobispo Metropolitano, Jorge Morales, Presidente de la Alianza evangélica de Guatemala, Estuardo Gálvez, Rector de la Universidad de San Carlos y Jorge De León Duque, Procurador de los Derechos Humanos, persiste la idea de confundir violencia, irracionalidad y antidemocracia con protesta social, especialmente cuando dicen que existe una  “tendencia hacia la polarización y los posicionamientos irreductibles que privilegian la amenaza o el uso de la fuerza, las medidas de hecho y la imposición de posiciones, en detrimento de las formas democráticas de resolución de conflictos.”

Por el contrario, ha quedado demostrado que varios de los últimos conflictos sociales dirimidos con violencia han sido provocados por la imposición y abusos de empresas privadas que han contado con la oportuna participación de la policía y Ejercito (trans) nacional. Por su parte la ciudadanía involucrada y organizada ha utilizado TODOS los mecanismos democráticos y ciudadanos a su alcance para resolver estas problemáticas, sobre todo, solicitado la intervención del Estado para que garantice el bien común. Todo esto está documentado y hay pruebas de que ha sido así. Por lo tanto, no se puede hablar tan fácilmente de “posturas irreductibles y uso de la fuerza” como si fuera una cosa de dos bandos.

En el texto también se está dando por sentado que las manifestaciones de descontento, que las demandas por el cumplimiento de acuerdos y ofrecimientos, las solicitud de respeto, la movilización y la organización, incluso la indignación, son responsabilidad de “organizaciones” como si los pueblos y las personas no tuvieran la capacidad política de saber qué quieren para sus propias vidas y para su futuro: “Hacemos notar la responsabilidad, moral, política, social y jurídica, que cabe a las organizaciones sociales y sus dirigentes, cuando optan por la movilización social”. La idea de la irracionalidad de las acciones de protesta que intentan promover pretende victimizar y despojar de la capacidad y conciencia política a los manifestantes, dándole realce a la supuestas dirigencias de “organizaciones sociales” no comunitarias.

Además, en estas palabras se da por hecho que estas acciones constituyen en sí unirrespeto a las leyes, por lo tanto un delito y motivo de castigo. Esto solamente profundiza la criminalización de la lucha, una de las estrategias utilizadas desde hace un tiempo para parar la oposición al modelo de saqueo que se está fortaleciendo cada día más. Por ello su llamado a las “autoridades legítimamente constituidas” dando por hecho que las autoridades indígenas y comunitarias no lo son. Para la institucionalidad que ha salido en defensa de la libertar, la paz y la democracia es un delito la protesta social, es un acto irracional manipulado por actores externos. Para esta moralidad lo político tiene un espacio y no es el de la calle y tiene una autoridad que no es la indígena. A pesar de ello, las organizaciones indígenas y campesinas muestran mayor apertura al diálogo, la justicia y la gobernabilidad, como bien dijo Carmen Tacam en declaraciones a la prensa nacional “nuestro objetivo es buscar el bien común”.

Otra lectura muy distinta de los hechos la encontramos en el pronunciamiento de los sacerdotes de la zona Pastoral de Totonicapán, Arquidiócesis de los Altos, Quetzaltenango, quienes expresan su sentir hacia el “sufrimiento profundo de nuestros hermanos y hermanas de nuestro pueblo y nos solidarizamos con ellos haciendo nuestro su dolor”. A la vez son contundentes y dan elementos que desmienten al poder, al denunciar “la responsabilidad del gobierno en esta masacre por enfrentar una manifestación ciudadana con soldados armados. Este es el fondo de la cuestión.” Es muy importante tener claro que lo sucedido NO se le fue de las manos al gobierno y, además, que NO se puede decir que la población cometió ilegalidades y ello justificó la violencia indiscriminada. Como bien lo señalan estos sectores éticos de la Iglesia, “no sólo se trata de un hecho coyuntural sino de una política de estado respaldada por grupos de poder que discriminan a los pueblos indígenas y no atiende con respuestas concretas a sus necesidades básicas.”

Los sacerdotes de los Altos dan su respaldo a las comunidades de Totonicapan sin titubemos: “Defendemos el derecho de los 48 cantones a manifestarse para ser oídos y atendidos prontamente en sus demandas siempre que esa manifestación responda a los intereses de sus bases, sea pacífica y no exponga a su gente a la muerte.” Y cómo no hacerlo si la manifestación fue pacífica y utilizó la concentración como forma de expresión de sus intereses. Pero además, porque las organizaciones indígenas toman el espacio como acto y lugar de lo político más allá de los espacios establecidos por el poder como “legítimos” para actividad política.

Por eso indigna que quien dice hablar desde la ética -revelada por Dios o depositada por la razón o el pueblo- use su posición para reforzar las posturas de un poder que ha demostrado no respetar la vida de sus ciudadanos. Si cabe, el Arzobispo, el Procurador, el Rector y el Presidente Evangélico son más perversos pues usan su investidura para tergiversar a la verdad en nombre de una postura “ética”. Por eso se agradece saber que existen curas y pastores –con minúscula- que no pretenden quedar bien con los poderosos y están dispuestos a denunciar a quienes son capaces de matar en nombre de “la autoridad” para defender la propiedad privada.

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