Exhortan al gobierno de Chihuahua esclarecer los asesinos de Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras dirigentes de El Barzón

Punto de Acuerdo 
Senadoras y Senadores

  • Proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, en relación con la problemática de uso irracional del agua, la contaminación minera y el asesinato de los dirigentes de El Barzón Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, en el estado de Chihuahua

Las y los suscritos, legisladores ante la LXII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 108, 109, 175, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, Proposición con Punto de  Acuerdo, de urgente resolución, en relación con la problemática de uso del irracional del agua, la contaminación minera y el asesinato de los dirigentes de El Barzón Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, en el Estado de Chihuahua, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado lunes 22 de octubre, fueron asesinados los dirigentes de El Barzón, Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, defensores de derechos humanos económicos, sociales y ambientales del campo chihuahuense desde 1992.

Antecedentes

En octubre de 2011 una movilización campesina denominada “Los indignados del campo” planteó ante las dependencias estatales, federales y el Congreso del estado de Chihuahua, la problemática que se presentaba por el uso ilegal del agua por un grupo de productores de la comunidad menonita de la zona hidrológica del Río del Carmen; como consecuencia, se establecieron los primeros acuerdos para atender esta problemática.  Sin embargo, se incumplieron los compromisos para establecer una mesa permanente convocada por parte del Congreso estatal en la que participaran todas las autoridades federales y estatales responsables de atender este tema y así, encontrar soluciones al conflicto.

En enero de 2012, en la movilización campesina denominada “La caravana del hambre”, que partió de Chihuahua hacia la Ciudad de México, esta misma problemática fue planteada en la Secretaría de Gobernación.  Nuevamente se establecieron compromisos que hasta la fecha se mantienen incumplidos.

Los productores agropecuarios y pobladores afectados, ejidatarios, colonos agrícolas y pequeños propietarios son quienes históricamente han compartido la cuenca hidrológica del Río del Carmen que comprende parte de los municipios de Riva Palacio, Namiquipa, Buenaventura y Ahumada, todos ellos en el estado de Chihuahua; estos actores sociales cuentan con concesiones de aguas superficiales y subterráneas desde 1957, fecha en que se crea el distrito de riego  con la construcción de la presa LAS LAJAS, que además decretó veda total en la cuenca hidrológica con lo que se prohíbe la perforaciones de nuevos pozos y obras de retención de agua.

En la zona, un grupo de personas, mayoritariamente de la comunidad menonita, han hecho un uso indiscriminado e ilegal del agua de los afluentes del rio violentando la veda señalado pues han realizado perforación ilegal de pozos y desmontado más de 35, 000 hectáreas de tierra en esta región del desierto chihuahuense con el objetivo de abrirlas al cultivo; con esta acción han estado poniendo en riesgo la viabilidad hídrica de la ya de por si precaria región, afectando gravemente a los productores con derechos históricos y legales reconocidos para el uso del agua en esta cuenca hidrológica, así como de la población urbana de la región.

El 7 de junio del presente año, un grupo de organizaciones y productores de la región afectada, formaron el Frente en Defensa del Agua del Desierto Chihuahuense y presentaron al Congreso del Estado un documento en el que exigían: 1) el cumplimiento de la ley, 2) la defensa del derecho humano al agua y 3) la solicitud para que se convocara a las delegaciones federales y estatales para buscar una solución al problema.

Ante la resistencia civil y pacífica de El Barzón para defender, con base en la Constitución el derecho al agua establecido en el artículo 4,  se firmaron diversos acuerdos que nuevamente fueron incumplidos. Se advirtió que no había voluntad política ni del gobierno federal ni del gobierno estatal para hacer cumplir la ley.

Así también, hace 6 años la empresa minera canadiense Mag Silver y su subsidiaria mexicana Cascabel, compraron de manera ilegal 40 derechos de uso común en la zona de pastoreo del ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura (el total de los ejidatarios es de 398), sin obtener los permisos de la asamblea ejidal que la ley establece, por el contrario, en dos ocasiones la asamblea ya les ha negado el permiso para realizar trabajos de exploración a la minera

Por acuerdo de asamblea de las y los ejidatarios se realizó una investigación sobre la actuación de la minera y se detectaron diversas ilegalidades:

Violaciones a la legislación ambiental

Violación de la NOM 120 SEMARNAT
Perforación de 400 pozos de exploración a profundidad de 400 metros, por abajo del nivel freático, prohibido por la normatividad ambiental.
Carece de estudio de vulnerabilidad del acuífero que exige la ley
Violaciones a la legislación agraria

Falsificación de dos actas de asamblea ejidal para realizar la certificación de terrenos de uso común ante el Registro Agrario Nacional a nombre de 3 de sus empleados
Trabajos de exploración sin permiso de la Asamblea Ejidal
Compra ilegal de terrenos de uso común
La respuesta de los gobiernos federal y estatal en los casos de la minería y del aprovechamiento ilegal de los recursos hídricos por una parte de la  comunidad de menonitas fue:

Tergiversación del problema, aparentando que se trata de un conflicto de intereses entre particulares.

Simulación de negociaciones desatendiendo la denuncia fundamental de El Barzón, en el sentido de que estas acciones son violaciones a derechos humanos ambientales, así como violaciones a las leyes mexicanas que han sido protegidas tanto por el gobierno federal como por el gobierno del estado de Chihuahua, constituyéndose en aquiescencia para violentar derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que México forma parte.

Campañas de desprestigio impulsadas por el Gobierno de Chihuahua en contra de El Barzón y de sus líderes sociales, provocando un clima de tensión social en el estado que pone en riesgo y amenaza la integridad física de los dirigentes y la abogada de El Barzón, así como de las y los ejidatarios que están luchando en contra de estas violaciones a la leyes y a los derechos humanos.

Campaña de linchamiento mediático a El Barzón y en particular a Ismael Solorio, a Martha Manuela Solís Contreras, lo que propició el camino para que fueran asesinados.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua, a que realice todas las averiguaciones, con la expedites y prontitud, que permitan esclarecer y detener a los autores intelectuales y materiales del o los asesinos de los dirigentes barzonistas Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras; se garantice la seguridad de sus familias y de los dirigentes barzonistas de la región, así como cese con la campaña de desprestigio y linchamiento contra los defensores de los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales de esa entidad.

SEGUNDO.- Se acuerde la instalación urgente de un grupo de trabajo de senadoras y senadores integrantes de las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía con los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el titular del Ejecutivo del estado de Chihuahua o su representante, así como el titular de la Secretaría de Gobernación o su representante.

Este Grupo de Trabajo tendrá entre sus funciones:

1.   Solicitar un informe a las instancias federales y estatales responsables sobre: a) el sustento legal que permite la operación de perforaciones de nuevos pozos y obras de retención de agua en los afluentes de la cuenca hidrológica del Río del Carmen; b) las condiciones  sociales y ambientales en esa zona hidrológica a partir del uso, presuntamente irregular de las aguas superficiales y subterráneas y la apertura indiscriminada de tierras para uso agrícola sin respetar la normatividad vigente.

2.   Solicitar un informe sobre el sustento legal y los permisos oficiales y ejidales que conforme a la ley y a la norma Oficial mexicana (Semarnat 120) que permite la operación de la empresa minera Cascabel, subsidiaria de la empresa canadiense MAG Silver, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua.

3.   Realizar visitas a la región para conocer directamente la situación sobre el uso del agua y la operación de la minera Cascabel

4.   Proponer, conforme a derecho y en pleno respeto a las atribuciones y competencias de las entidades involucradas en el conflicto, mecanismos de resolución pacífica de la problemática de violación a derechos humanos expresada en el asesinato de los dirigentes barzonistas, así como los derechos sociales, económicos y ambientales; todo ello generado la omisión gubernamental de atender el conflicto  de uso presuntamente irregular del agua y lo relacionado con la exploración ilegal de la empresa minera Cascabel.

El objetivo del Grupo de Trabajo es coadyuvar con las instancias gubernamentales correspondientes a construir conjuntamente con los actores sociales y gubernamentales en conflicto, mecanismos para propiciar un clima de distensión social y evitar el crecimiento de una escalada de violencia que afecte aún más la integridad física de la abogada, los dirigentes sociales de El Barzón y la comunidad afectada, y evitar se profundice la violación a derechos humanos sociales, económicos y ambientales que hoy afectan a esta comunidad en el estado de Chihuahua.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los seis días del mes de octubre del año dos mil doce.

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
P R E S E N T E,

SENADORES Y SENADORAS

JAVIER CORRAL JURADO
IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA
RAÚL MORÓN OROZCO
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ
DOLORES PADIERNA LUNA
ERNESTO RUFFO APPEL

6 de octubre de 2012

Más sobre El Barzón y del caso de Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

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