¿Presunción de inocencia? Criminalización de la protesta del 1D en DF

Foto: Daniel Cruz
Foto: Daniel Cruz

Respuesta breve de la Liga de Agobados Primero de Diciembre a los cuestionamientos del Medio de Comunicación “SubVersiones” vía correo electrónico:

PREGUNTAS
1.- Primero que nada ¿qué hay de la presunción de inocencia? ¿porqué son lasa familias/amigos quienes han buscado las pruebas para probar inocencia y no el mp probando culpabilidad?

2.- ¿Qué opinan -sobre todo jurídicamente- acerca de los “artículos” que acusaron a lxs detenidxs, no hablaron de presuntos ni posibles y además revelaron sus fotografías?

3.- Existen lineamientos sobre el uso de adjetivos como presuntos y supuestos a la hora de fincar responsabilidades.

4.- Algo que quieran agregar respecto a esos “artículos”

RESPUESTA GENÈRICA:

Se responden las preguntas de manera unitaria, y lo más concreto, para evitar confusiones, aclarando que en México, se soslaya el principio de presunción de inocencia, en prácticamente todo el territorio nacional.

El principio de presunción de inocencia es un derecho humano, elevado a rango constitucional, precisamente en su artículo 20 y específicamente en su apartado B.

En ese tenor, conforme al principio constitucional de presunción de inocencia, cuando se imputa al justiciable la comisión de un delito, éste no tiene la carga probatoria respecto de su inocencia, pues es el Estado, a través el Ministerio Público, en éste caso la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, quien debe probar los elementos constitutivos del delito y la responsabilidad de los ahora procesados, principio que además se encuentra inserto en normas internacionales como son la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptado en fecha 10 de diciembre de 1948. En suma, tenemos que, las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, esto es, el propio Jefe de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, cuestión que en la especie no acontece, pues de las constancias que conforman la averiguación previa, no se ubican los procesados en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que mencionan, tanto los elementos policiacos remitentes, ni los videos que fueron aportados a la causa penal 287/2012, seguida y tramitada ante la C. Juez Cuadragésimo Séptimo Penal del Distrito Federal.

Al encontrarnos ante hechos de evidente y obvia índole política, es claro que la autoridad ministerial no sólo no recabó los elementos necesarios de investigación que conduzcan a la verdad histórica de los hechos, por la simple y sencilla razón de que no existe conducta alguna atribuible a los detenidos, y por el contrario, con su proceder, no sólo han recibido la condena nacional e internacional, sino que son jurídicamente responsables de delitos cometidos en el ámbito de la procuración de justicia, y susceptibles de promovérseles responsabilidades penales, administrativas e inclusive civiles del orden del daño moral, entre otras.

Es por ello, que los abogados defensores, además de encontrase en el estudio de la defensa jurídica, al igual que los familiares, se convierten en verdaderos investigadores de la verdad histórica, buscando evidencia documental y material para demostrar la inocencia de los imputados, ya que el Ministerio Público, con evidente consigna política, no lo hizo y no lo hará. Es un argumento sencillo, obvio, repudiable; nos encontramos ante un evento de provocación por parte del Estado, con el objetivo de criminalizar la protesta social y apagar el descontento social hacía prácticamente todos y cada uno de los entes políticos que gobiernan nuestro país. No es casualidad toda la campaña mediática, satanizando a los presos, a los manifestantes, a los movimientos sociales, exaltando el linchamiento público, sin el derecho de réplica para los procesados y sus familiares, los manifestantes y los distintos movimientos sociales, no obstante el cúmulo de evidencia de agentes provocadores en las filas del Estado y los cuerpos policíacos, ampliamente documentadas en las redes sociales, con una autoridad que soslaya sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, incluyendo las de los familiares y los propios abogados defensores. Si la autoridad se condujera conforme a derecho y a los principios constitucionales propios de su investidura, desde luego no hubiese habido consignación alguna ante un juez penal, pues basta observar el auto de liberación de los detenidos en la Agencia 50 del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para inferir que se trata de un asunto estrictamente político, cuyas actuaciones las han judicializado, en perjuicio no sólo de los procesados, sino de los ciudadanos en general, y eso no es otra cosa que respirar aires autoritarios y de fascismo, que sólo en las dictaduras se ha visto.

Al no haber delito alguno que perseguir en contra de los detenidos, justifican su actuar con consignaciones y campaña mediática, y para ello se han basado en un artículo aprobado en febrero de éste año, con el objetivo claro de acallar la protesta social y utilizar a las instituciones de manera facciosa para, de manera legal, justificar el terrorismo de Estado, en evidente perjuicio de los derechos humanos fundamentales del gobernado, como lo son el derecho de petición, el derecho de manifestación y el derecho a exigir a los gobernantes, cuentas claras y resultados eficaces.

El delito que se les imputa es el de ATAQUES A LA PAZ PÚBLICA, correspondiente al artículo 362 del Código Penal vigente para el Distrito Federal, el cual a la letra dice:

“ Se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, al que mediante la utilización desustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación”.

Por la gravedad jurídica y política del asunto se hace una llamado a las organizaciones civiles, políticas y de derechos humanos, así como al pueblo en general a sumar esfuerzos para lograr la pronta y absoluta libertad de los compañeros imputados, ya que, el órgano acusador, por sí y ante sí y con pleno conocimiento de la vulneración de las garantías de legalidad y seguridad jurídica de los procesados, en la etapa de averiguación previa determinó consignar la averiguación, sin un sólo elemento sólido de prueba, con evidente consigna política y con la sola presunción de haberse ubicado en los supuestos de dicho artículo 362, para consignar a los detenidos al Reclusorio Norte, de ahí la urgencia, la necesidad, el llamado a exigir la derogación del artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, pues atenta contra el derecho a la manifestación, el derecho a exigir resultados claros a los gobernantes, el derecho a cambiar nuestra forma de gobierno, el derecho de petición, el derecho a asociarse libremente y criminaliza la protesta social, criminaliza otra forma de pensar, violando de manera evidente, los artículos 1º, 6, 8, 9, 14, 16, 20 y 133 de la Carta Magna.

En breve la C. Juez Cuadragésimo Séptimo Penal del Distrito Federal, deberá fundar y motivar adecuadamente su libertad ò la legal detención esto es, deberá de señalar con precisión, él ò los artículos por medio de los cuales procede su libertad y/o formal prisión, esgrimiendo argumentos sólidos, suficientes, coherentes, es decir, el auto de formal prisión no deberà limitarse a hacer una relación de las diversas constancias que obren en autos y luego manifestar que con esos medios de prueba se acredita el cuerpo del delito, sin precisar cuáles son sus elementos materiales y con qué elementos de convicción aportados en la averiguación previa se integra el delito imputado al inculpado, sino que debe comprender las circunstancias de ejecución, modo, tiempo y lugar, a fin de establecer cuál fue la conducta activa u omisiva de todos y cada uno de los procesados, expresando los requisitos de forma y fondo que señala el artículo 19 constitucional, debiéndose entender por los primeros: a) El delito que se imputa al acusado y sus elementos constitutivos; b) Las circunstancias de ejecución, de tiempo y de lugar, y c) Los datos que arroje la averiguación previa y los medios de prueba ofrecidos por los procesados en el auto de término constitucional; y como requisitos de fondo, que los datos sean suficientes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del inculpado, DE AHÌ QUE LA DEFENSA LEGAL DE LOS PROCESADOS, EN LA VÌA DE CONCLUSIONES Y CONFORME A LOS ELEMENTOS DE PRUEBA APORTADOS POR EL ÒRGANO ACUSADOR Y LA DEFENSA, MANIFESTAMOS QUE, EN ESTRICTO DERECHO, TODOS Y CADA UNO DE LOS IMPUTADOS, DEBE OBTENER SU LIBERTAD AL MOMENTO DE DICTARSE EL AUTO DE TÈRMINO CONSTITUCIONAL

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