Juez Federal deniega arbitrariamente la justicia al pueblo indígena tzeltal de Bachajón.

san sebastian bachajon

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

A 31 de enero de 2013

Juez Federal deniega arbitrariamente la justicia al pueblo indígena tzeltal de Bachajón

 El Juez Constantino Avendaño soslaya las reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos.

 Falta de imparcialidad e independencia de juez federal, favorece el despojo a territorio indígena tzeltal.

El día de hoy, el Juez Séptimo de Distrito en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Lic. José del Carmen Constantino Avendaño, hizo pública la sentencia definitiva dictada con fecha 30 de enero de 2013 dentro del juicio de amparo 274/2011, promovido por el indígena tzeltal Mariano Moreno Guzmán adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona bajo la figura jurídica de “representación sustituta de los bienes ejidales”, por la privación parcial y definitiva de tierras de uso común del ejido San Sebastián Bachajón, por parte de diversas autoridades locales y federales, con la complicidad del Comisariado y Consejo de Vigilancia oficialistas desde el 2 de febrero de 2011.

El Juez Federal decidió declarar improcedente la demanda de garantías interpuesta por Mariano Moreno Guzmán por considerar que no reúne los requisitos que exige la figura de “representación sustituta” comprendida por la Ley de Amparo. En su resolución, el juzgador federal señala medularmente que para la procedencia del juicio de amparo a través de la representación sustituta, el peticionario del amparo debe manifestar en primer término, que solicita la protección de derechos colectivos y en segundo término, que promueve el juicio ante la omisión (por negligencia o dolo) de los órganos de representación ejidal para interponer el mismo, dentro de los quince días siguientes desde el momento de tener conocimiento de los actos de despojo. De acuerdo con la resolución del juez federal, estos requisitos de procedencia no fueron cubiertos por Mariano Moreno Guzmán, ya que de acuerdo a las consideraciones del juzgador, por un lado los actos que reclama fueron consentidos por la Asamblea General de San Sebastián Bachajón mediante Acta de Asamblea de fecha 12 de febrero de 2011 y a través de sus órganos de representación ejidal en el convenio de fecha 13 de febrero de 2011.

Por otro lado, señala que la demanda de garantías se interpuso antes de que transcurriera el plazo de quince días establecido por el artículo 213 fracción II de la Ley de Amparo, para que el Comisariado Ejidal se inconformara de los actos de despojo. En su demanda de amparo, Mariano Moreno Guzmán claramente señaló que promovía el juicio en representación sustituta del ejido San Sebastián Bachajón, señalando que los actos reclamados constituyen una privación parcial y definitiva de tierras de uso común, es decir de derechos colectivos,precisando que la Asamblea General de Ejidatarios, máximo órgano del ejido, no otorgó su consentimiento para que el Estado de Chiapas y Gobierno Federal tomaran posesión de las tierras de uso común en litigio, por lo que en ese tenor la interposición de su demanda, no se sujeta a plazo alguno de conformidad al artículo 217 de la Ley de Amparo.

En este sentido, junto con la demanda de garantías, Mariano Moreno Guzmán exhibió el convenio de fecha 13 de febrero de 2011 en el que las autoridades ejidales de San Sebastián Bachajón sin contar con la autorización y el consentimiento de la Asamblea General hicieron entrega de las tierras de uso común, aunque de facto las mismas ya estaban en posesión del estado desde el 2 de febrero de 2011, previo desalojo violento por un grupo de civiles armados en agravio de indígenas tzeltales adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Durante la tramitación del juicio de amparo, la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas y el Presidente oficialista del Comisariado Ejidal Francisco Guzmán Jiménez, hicieron entrega de un documento que ellos denominaron “Acta de Asamblea de fecha 12 de febrero de 2011″, que fue objetada en tiempo y forma al no cumplir con los estándares establecidos por la legislación agraria mexicana y los tratados internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, elaborada para simular la legalidad del convenio de 13 de febrero de 2011; sin embargo, ninguno de los dos documentos de referencia cuentan con validez y por tanto no pueden constituir un consentimiento libre, previo e informado del máximo órgano del ejido respecto de los actos de despojo.

Asimismo, la actuación previa y posterior a la presentación del amparo, de los representantes ejidales oficialistas del ejido San Sebastián Bachajón demuestra que no representan los intereses colectivos de su comunidad, sino solamente velar por los intereses del Gobierno del Estado de Chiapas y Federal para apropiarse de ese territorio indígena y mermar el movimiento social que lo defiende. Por lo que la demanda de amparo de Mariano Moreno Guzmán en su carácter de representante sustituto de San Sebastián Bachajón sí es procedente, ya que al tratarse de la privación parcial y definitiva de tierras de uso común, sin autorización y consentimiento de la Asamblea General de Ejidatarios y con la complicidad de los órganos de representación ejidal, basta con la presentación de la petición de garantías en cualquier tiempo y con la acreditación del carácter de ejidatario para que el órgano jurisdiccional tenga por satisfecha la procedencia del juicio y entre a conocer el fondo del asunto.

Las consideraciones arbitrarias del Juez Constantino Avendaño, no solamente constituyen inequívocamente una falta de imparcialidad e independencia en su función jurisdiccional, sino además denotan su desprecio por los pueblos indígenas y por las reformas constitucionales de Amparo y Derechos Humanos.

Esta determinación es paradigmática para evidenciar que algunos juzgadores ceden ante las presiones de las autoridades que despojan a los pueblos indígenas de sus territorios y por otra parte, hace presente el gran reto con el que cuenta el Poder Judicial de la Federación para garantizar un cambio de mentalidad en los funcionarios judiciales de todas las jerarquías, que tenga como efecto una forma diferente de aplicar el derecho desde la perspectiva más amplia, progresista y protectora de los derechos humanos.

Abogado Ricardo A. Lagunes Gasca

Abogada Maribel González Pedro

http://www.defensalegalsureste.wordpress.com

Tomado de Pozol Colectivo

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